viernes, 20 de noviembre de 2009

COMPAÑERO YURI SE CUADRA CON MARIN


Un nuevo personaje popular porteño está apoyando al candidato a diputado independiente por Valparaíso, Francisco Marín, se trata nada menos que del pintorezco Compañero Yuri, quién se ha hecho famoso por su colorido carrito instalado en av. Brasil en donde a los cuatro vientos pregona ser seguidor de la obra de Salvador Allende y del Ché Guevara.

LA ESTRELLA ENTREVISTÓ A MARÍN


Este conocido dirigente, que lideró la lucha por la ex Cárcel, está dispuesto a ser una alternativa para representar en el Parlamento a los porteños que no comulgan con las grandes coaliciones políticas. Francisco Marín Castro tiene 36 años. Es sociólogo de la Universidad de Chile y es corresponsal de la Revista Proceso (México).

Pero donde más se ha hecho conocido es en su calidad de presidente de la Corporación Parque Cultural ex Cárcel de Valparaíso, donde alzó la voz para proteger el futuro de ese lugar.Es autor de libros de estudio escolares en Historia y Ciencias Sociales y nunca se ha quedado callado a la hora de dar su opinión sobre lo que pasa en Valparaíso.

Ahora, ha sorprendido al mundo cultural local al inscribirse como candidato independiente a diputado por Valparaíso, en la lista de Marco Enríquez-Ominami, cuyo candidato a senador por la V Costa es el ex juez Juan Guzmán.-

¿Por qué se postula a diputado?
Porque siento que las dos coaliciones principales del país –Concertación y Alianza- impulsan el mismo modelo de sociedad con el cual yo y muchas otras personas no nos sentimos representadas. La Concertación, por ejemplo, que tanto criticó las políticas privatizadoras del régimen de Pinochet, hoy impulsa un proyecto de ley que modifica la Ley de Pesca y privatiza el mar austral de Chile, el que es entregado a empresas salmoneras y a la banca.

El presidente Ricardo Lagos con el apoyo de todo el arco político, entregó por medio de la Ley de Pesca de 2002 a grandes grupos económicos la propiedad de los peces del mar que nos pertenecían a todos los chilenos. Los resultados son espeluznantes: en sólo cinco años de aplicación de esta ley más de la mitad de las pesquerías se encuentran semiagotadas, como sucede con la merluza, o casi extintas como ocurre con el pulle.

Es la Concertación la que ha privatizado el agua potable, los puertos y todo cuanto ha pillado. Ante esta realidad, mi candidatura como la de juez Guzmán, se plantean como una alternativa y como la posibilidad de canalizar el descontento contra las injusticias de este sistema.

- ¿Siente que al ser independiente está con menos posibilidades de salir electo frente a los tradicionales partidos políticos?
Creo que el hecho de ser independiente no es desventaja, puesto que hoy las personas que no se sienten identificadas por los partidos tradicionales son una gran mayoría. Estas personas buscan a personas que luchen por los intereses de las comunidades y del país sin ser mandadas por partidos políticos ni grupos económicos.

A mí la campaña no me la financia ningún empresario ni partido. Tampoco lo aceptaría porque si lo hiciera ellos me exigirían que pagara esos favores legislando para ellos. Mi campaña es modesta en lo económico pero muy rica en trabajo voluntario y en ideas.


PROPUESTAS
- ¿Cuál es su propuesta como candidato?
Así como el juez Guzmán, yo no haré promesas que luego no pueda cumplir. Lo único que les digo a las porteñas y porteños es que estaré a su lado para defender sus justas demandas de una mejor calidad de vida. Una de mis principales luchas estará enfocada en la defensa de los espacios públicos para el deporte y la cultura.

Tal como hemos defendido el Parque Cultural ex Cárcel para esta causa, defenderé las canchas de fútbol de los cerros muchas de las cuales están siendo cerradas. Por ejemplo, en Rodelillo de las cuatro canchas de fútbol que había hasta hace cinco años hoy no queda ninguna: la liga de fútbol se quedó sin donde poder jugar. Aldo Cornejo, cuando era alcalde, las cerró todas.

Por otra parte, impulsaré la idea de que el país, rumbo al Bicentenario, debe darse un gran regalo. Y el mejor regalo es una nueva constitución la que debe ser redactada por una asamblea constituyente. La Constitución, que es la carta de navegación de un país, debe garantizar entre otras cosas que la salud y la educación son derechos humanos básicos, que deben ser provistos gratuitamente por el Estado.

Esta Constitución debe asegurar que el bien común es más importante que cualquier interés privado y que los recursos estratégicos, como el agua, deben ser resguardados para proteger ese bien común. Lucharé junto a los pescadores artesanales y los parlamentarios que me acompañen para poner fin a la pesca de arrastre que está acabando con los recursos pesqueros.
También impulsaré una nueva Ley de Puertos.

- ¿Siente que en estas elecciones se puede dar un cambio de autoridades en el Parlamento?
Si en la V Costa elegimos al Juez Guzmán, a Cosme Caracciolo (candidato a diputado por San Antonio) y a mí, estaríamos dando una señal tan potente de renovación al sistema político que las repercusiones serían insospechadas. Pienso que votar por nosotros es una forma fácil y bonita de protestar contra las injusticias de este sistema.

- ¿Cuál es su postura sobre la sede del Congreso?
Que debe sí o sí permanecer en nuestra ciudad. Sin embargo, pienso que hay que señalar que el actual Parlamento le da la espalda a nuestra ciudad. Es necesario que su existencia aporte más al desarrollo de la misma.

BANCADA REGIONAL
- ¿Cree que es posible crear una bancada regional de parlamentarios que se una para trabajar por los temas netamente locales?
Sí. Es imprescindible que nos unamos para repensar y reimpulsar nuestra ciudad por medio del impulso de los sectores económicos más importantes: el puerto, la pesca artesanal, la educación, la cultura y el turismo.

- Ud. ha estado preocupado por el tema de la ex Cárcel, ¿Qué conclusión tiene sobre este lugar y lo que se ha hecho?
La lucha que los trabajadores culturales de Valparaíso hemos dado en defensa de este Parque Cultural –del que he sido presidente desde 2005- es un ejemplo para el país. Si no fuera por esta lucha, la ex Cárcel nunca sería un Parque Cultural sino un espacio de lo inmobiliario en el que los porteños no tendríamos cabida.

Este Parque Cultural prontamente será debidamente reacondicionado en base a un proyecto trabajado en forma conjunta entre nuestra Corporación más otras organizaciones sociales y culturales, y el Ministerio de la Cultura, lo que muestra que con constancia se pueden abrir los caminos de la real participación de las organizaciones de base en las decisiones que le competen.

Esperamos que el Gobierno comprenda que este Parque Cultural debe ser administrado, en primer lugar, por las organizaciones culturales de la ciudad que le han dado vida y no por burócratas que no conocen nuestra realidad.

jueves, 19 de noviembre de 2009

Allende fue asesinado


Marcha N° 4 publicó el viernes 19 de diciembre de 2008, un reportaje de Francisco Marín titulado Allende habría sido asesinado. En este se exponen contundentes argumentos que descartan la tesis del suicidio.


El Ciudadano, con permiso del autor, entrega un breve avance de este texto, en donde se intenta revelar lo verdaderamente ocurrido con Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. El artículo completo lo hallará en este nuevo periódico que ya se abre paso en la prensa nacional.


Cabe tener presente que El Ciudadano había publicado en junio pasado un artículo de Marín (co-escrito con Arnaldo Pérez Guerra) titulado Dudas sobre la muerte de Allende: http://www.elciudadano.cl/2008/07/02/dudas-sobre-la-muerte-de-allende/


Poco tiempo después que este artículo apareciera fue publicado el Informe del doctor Luis Ravanal en el que se despedazaba la validez de pericia forense realizada el día del golpe.
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En adelante extracto del artículo de Proceso y Marcha:


Allende habría sido asesinado


En Chile nadie quiere publicarlo, muchos no quieren ni hablar del tema y otros tantos se aterran con sólo escuchar de la posibilidad. Solamente en México, la Revista Proceso publicó este detallado y prolijo trabajo periodístico de Francisco Marín que hoy MARCHA pone en conocimiento de los chilenos.

SANTIAGO DE CHILE.- “Allende recibió el impacto de un proyectil, proveniente de un arma de bajo calibre, que entró por la cara en la zona próxima al globo ocular derecho y salió por la zona parietal posterior. Y a los pocos momentos de muerto, para simular un suicidio, se le dio un disparo bajo el mentón”, afirma el médico tanatólogo Luis Ravanal durante una entrevista con Proceso.

El pasado 8 de septiembre, Ravanal publicó un informe pericial sobre la muerte del presidente Salvador Allende en el que analiza la autopsia 2449/73 realizada por los médicos José Luis Vásquez y Tomás Tobar durante la noche del 11 de septiembre de 1973. En esa fecha murió el mandatario chileno, cuando el Palacio de la Moneda, sede del gobierno, fue atacado por las fuerzas armadas que ese día dieron un golpe de Estado.

El informe de Ravanal analiza la necropsia de Allende para verificar si “los procedimientos autópsicos empleados se ajustan al método científico, de acuerdo con la lex artis médico forense ad hoc y si las conclusiones médico legales encuentran sustento científico en los hallazgos descritos y documentados de la autopsia y del sitio del suceso”.


Además, coteja las conclusiones de la necropsia con los antecedentes disponibles acerca de la muerte de Allende. Entre éstos, el informe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones que se presentó en el lugar de los hechos aquel 11 de septiembre, el Acta de Análisis levantada por la Policía Técnica de Investigaciones, las versiones del doctor Patricio Guijón, quien dice ser el único testigo del “suicidio” de Allende, y el croquis número 15.254 del policía planimetrista Alejandro Ossandón.


Ravanal realizó el informe a solicitud de dos abogados de derechos humanos: Roberto Celedón y Matías Coll.


El forense


José Luis Vásquez, uno de los médicos que realizó la autopsia de Allende, es ginecólogo y no forense. Trabaja desde hace más de 30 años en el Servicio Médico Legal de Chile. Su historial registra que varios de los informes de autopsia que realizó están plagados de errores y falsificaciones.


Algunos ejemplos: el diplomático español Carmelo Soria murió el 14 de julio de 1976 víctima de las torturas aplicadas por la Dirección Nacional de Inteligencia (Dina). Sin embargo, Vásquez reportó que murió al ser atropellado por un auto.


En el caso del secuestro y homicidio del niño Rodrigo Anfruns, ocurrido en junio de 1979, Vásquez aseguró que el menor murió el día de su desaparición, 10 días antes de que se descubriera su cuerpo, a pesar de que en el sitio del suceso las livideces cadavéricas eran fácilmente atribuibles a las de una muerte ocurrida en las 24 horas previas.
Hay otro caso relevante en el que Vásquez tampoco acertó. Se relaciona con una mujer -cuyo nombre su familia solicitó mantener en reserva- que murió el 6 de agosto de 2001 en el hospital San José, de Santiago, y cuyos antecedentes están contenidos en la causa Rol 78.324-7 del 12º Juzgado del Crimen.


En el informe de autopsia, firmado por Vásquez, se sostiene que el deceso fue producto de una bronconeumonía, a pesar de que la mujer fue encontrada muerta con un tubo conectado irregularmente en una de sus venas. El médico forense José Luis Pérez, que la examinó poco después de fallecida, registró la presencia de burbujas en sus venas, las cuales fotografió y anexó en su informe. Expresó que éstas eran “signo inequívoco de la presencia de oxígeno”, por lo que dictaminó como causa de muerte una “embolia aérea” provocada de manera intencional.
Vásquez omitió estos antecedentes en el informe que entregó a la juez María Rodríguez, quien se hizo cargo del caso en agosto de 2001.


Después de un largo juicio, la causa se cerró en mayo de 2007, cuando la juez declaró que la paciente murió asesinada. Sin embargo, el tiempo perdido en establecer el móvil del homicidio dificultó las tareas de identificación y la captura de los presuntos asesinos.
En entrevista con Proceso, el abogado Coll relata que en mayo de 2007 él y su colega Celedón conocieron de este hecho. Ello les ocasionó “una enorme inquietud”, pues se trataba del médico que realizó la autopsia de Allende. Durante un año estudiaron todo lo relativo a la muerte del presidente chileno.


En junio pasado solicitaron al doctor Ravanal que analizara el informe sobre la autopsia realizada por Vásquez y por Tobar al cadáver del presidente.
La publicación de ese informe instaló en la opinión pública chilena dudas sobre las verdaderas causas de la muerte del mandatario. Los antecedentes vertidos en ese informe “son complementarios a la información entregada por Proceso (edición 1651) donde se ponía en duda la tesis de que Allende se suicidó”, expresa Coll.


El informe


En sus conclusiones, la autopsia 2449/73 señala que Allende murió por “una herida cérvico-buco-cráneo-encefálica, con salida de proyectil”. Ésta habría sido causada por un disparo realizado a “corta distancia” en el submentón. “La trayectoria intracorporal del proyectil -estando el cuerpo en posición normal- es: de abajo hacia arriba; de delante hacia atrás, y sin desviaciones apreciables en sentido lateral”, según afirma el protocolo de la necropsia.
Si a ello se agrega que el disparo se habría hecho “con el cañón del arma apegada a los tegumentos (tejidos)” podría suponerse -concluyen en el informe de la autopsia los doctores Tobar y Vásquez- que “el disparo ha podido ser provocado por la propia persona (Allende)”.


Ravanal -miembro fundador de la Sociedad Chilena de Medicina Legal y perito judicial inscrito con el registro Nº 1500 ante la Corte de Apelaciones de Santiago- rechaza los procedimientos y conclusiones de los médicos. Dice que la autopsia que éstos realizaron tiene numerosas inconsistencias. Cuestiona que se haya hecho en el Departamento de Otorrinolaringología del Hospital Militar, y no en el Servicio Médico Legal “que es donde debe hacerse ese tipo de exámenes, según establece el Código de Procesamiento Penal”.

En su informe, profundiza en esta idea: “El hecho de que se haya utilizado un recinto que depende del ejército, evidentemente no podía garantizar a los peritos que intervinieron la debida independencia”.


Además, el pabellón de otorrinolaringología “no cuenta con el instrumental básico -mesa de autopsia, laboratorios químicos, de fotografía forense y de identificación- para hacer una correcta exploración médico-forense de cadáveres”.


Al cuerpo de Allende “no se le hizo ni una radiografía, indispensable para definir el tipo de heridas existentes en la cabeza y otras partes del cuerpo. Tampoco se le sacaron fotos. No se colectaron muestras para el estudio de pólvora del que llaman orificio de salida. Tampoco recolectaron pólvora de otras lesiones que existen en la cara, como el orificio que está en el ángulo interno del glóbulo ocular derecho que perfectamente podría corresponder a un punto de ingreso (de una bala) en ese lugar”, sostiene Ravanal durante la entrevista…..

Chile-Argentina: la historia oculta del tratado minero


Artículo de Francisco Marín, publicado en el Diario El Clarín y en Revista Proceso de México.


El Tratado de Complementación Minera entre Chile y Argentina aportó el marco legal en el que se inserta el emblemático proyecto aurífero Pascua Lama y varios más que pretenden construirse en las altas cumbres de los Andes, según el economista chileno Julián Alcayaga.


En su libro El País virtual: el lado oculto del tratado minero chileno-argentino, Alcayaga sostiene que las corporaciones que promovieron este acuerdo buscaban tres objetivos fundamentales. Uno de ellos, que los minerales argentinos pudieran salir a través de puertos chilenos, dado que la distancia existente entre los yacimientos cordilleranos y los puertos del Atlántico hace inviable económicamente sacarlos por ahí.


También, transformar la Cordillera de los Andes en un "país virtual", definida en el Tratado como Área de Operaciones que, a su entender, estaría al servicio de las transnacionales mineras. Y el tercer objetivo era levantar las restricciones a la propiedad extranjera en zonas limítrofes. En exclusiva, y con autorización del autor, damos da a conocer aspectos relevantes del libro inédito que recientemente concluyó el chileno, así como los detalles ocultos de la gestación del Tratado de Complementación, sus objetivos y su fracaso parcial.


Alcayaga, quien pertenece a una familia de pirquineros, ha sido socialista desde adolescente, lo que hizo que en 1973, golpe militar encabezado por Augusto Pinochet, fuera detenido, torturado y condenado a 10 años de cárcel.En septiembre de 1976 se le conmutó la prisión por extrañamiento, tras lo cual estudió economía en la Universidad Patricio Lumumba, en la Unión Soviética. Más tarde viajó a París, donde hizo estudios de postgrado en La Sorbona, y en 1993, tras casi una década de haber retornado a Chile, descubrió que las transnacionales mineras que operan en Chile no pagan impuestos.


En su Libro negro del metal rojo (1999), Alcayaga describió los mecanismos usados con ese propósito, así como el papel que han jugado los gobiernos de Chile desde el 11 de septiembre de 1973 para facilitar esa tarea.


Génesis


"Hacia 1989, en Argentina existían sólo cuatro empresas mineras extranjeras, pero al año siguiente, coincidiendo con el restablecimiento de la democracia en Chile, las multinacionales mineras comenzaron a comprar la casi totalidad de los yacimientos de la cordillera argentina, que en ese tiempo tenían un bajo valor comercial, ya que no era rentable sacar esos minerales por los puertos del Atlántico, a más de mil kilómetros de distancia", dice Alcayaga en El país virtual…


Y añade: "Pese a esta dificultad, las transnacionales empezaron a adquirir las minas, con la seguridad de que en un futuro cercano podrían exportar los minerales por Chile. Así, en 1993, cuando la casi totalidad de los yacimientos argentinos había pasado a manos de las transnacionales, éstas se propusieron crear un tratado entre ambos países que les diera las más amplias facilidades para sacar el cobre trasandino por el Pacífico". A partir de 1994 se constituyeron comisiones binacionales sobre el tema minero, con composición pública y privada.


Esa voluntad de trabajo conjunto se plasmó en la Declaración Presidencial de Olivos, suscrita el 26 de abril de 1996, y contó con el impulso del presidente Carlos Menem, así como de ministros y parlamentarios de ambos países, además de importantes empresarios. Eran las bases del Tratado Minero. El 29 de diciembre de 1997, en Antofagasta y San Juan, los presidentes Eduardo Frei, de Chile, y Carlos Menem, de Argentina, firmaron el acuerdo. Su ratificación quedaba en manos de los parlamentos nacionales de ambos países, mismos que podían aprobar o rechazar, pero no modificar lo establecido por los mandatarios.


El Tratado suponía la creación de un área de operaciones de 340 mil 835 kilómetros cuadrados. De esta superficie, 180 mil 165 kilómetros cuadrados serían aportados por Chile --lo que representa el 25% de su territorio-- y Argentina sumaría 160 mil 670 kilómetros cuadrados (6% de su suelo).El pacto contemplaba que este territorio sería gobernado por una Comisión Administradora –Poder Ejecutivo– que estaría financiada por corporaciones mineras.


Para ejercer su mandato, se guiaría por medio de un Reglamento Interno que ella misma se generaría, y la Comisión Administradora tendría atribuciones para disponer libremente de los recursos naturales contenidos en el área de operaciones.También podría otorgar concesiones de explotación y resolver las controversias que se presentasen entre "las partes", es decir los estados.


Otro aspecto muy relevante del acuerdo es que permitía la constitución de servidumbres mineras en Chile para yacimientos ubicados en Argentina y viceversa. Esto significa que los tribunales chilenos quedaban facultados –casi obligados– para otorgar permisos de construcción de caminos y mineroductos en favor de minas ubicadas en Argentina.A propósito de la radical renuncia que este convenio suponía a la soberanía de los países involucrados, Alcayaga se pregunta en El país virtual: "¿Quiénes fueron los juristas que redactaron esas páginas?".



La respuesta la obtendría a mediados del año 2000, en una cena en el restaurante La Maison de France.Esta cita fue solicitada por Barrick al senador Jorge Lavandero, que entonces era presidente de la Comisión de Minería del Senado. Era, además, el máximo opositor en Chile a este acuerdo. Los asistentes fueron los ejecutivos de Barrick, Sergio Jarpa y José Antonio Urrutia. También estuvo el destacado político democratacristiano Marcelo Trivelli y Pilar Velasco, quienes cabildeaban a favor de la transnacional a través de la empresa de comunicaciones Extend.


Lavandero asistió acompañado de Carlos Tomic, Hugo Latorre y Alcayaga. "Poco a poco fuimos entrando en el tema central –cuenta Alcayaga en su libro–, que era el Tratado Minero. En un momento de la discusión, al defender la importancia del convenio, Urrutia–quizás por inadvertencia o entusiasmo– afirmó que fue Barrick Gold la que elaboró el Tratado Minero entre Chile y Argentina". Lavandero y sus asesores se retiraron indignados luego de conocer esta información.Barrick buscaba con desesperación que Lavandero desistiera de su férrea oposición, lo que no consiguió. Si se aprobaba el Tratado, Barrick Gold obtendría beneficios formidables: era propietaria de varios yacimientos en la Cordillera argentina, además de Pascua Lama, que está ubicada sobre la frontera.


Para explotarlos necesitaba que se levantaran las restricciones a la propiedad de extranjeros a ambos lados de la cordillera chileno-argentina. En el debate que hubo en el Senado se hizo evidente otro de los objetivos de este acuerdo que había pasado inadvertido. "En un instante el senador Gabriel Valdés solicitó una explicación de por qué se incluyó el sur de Chile en el área de operaciones del Tratado, si en esa zona no existen yacimientos mineros".Y aunque en la sesión estaban presentes el expresidente Frei Ruiz-Tagle e importantes autoridades de Cancillería y Minería, nadie supo qué decir.


En entrevista con El Ciudadano, Alcayaga dijo que el hecho de que se incluyera el sur de ambos países –que contienen una de las mayores reservas de agua dulce del mundo– "demuestra que con este tratado las transnacionales buscaban tener el control total de la cordillera chileno-argentina".


Debate express


En la Cámara de Diputados no se realizó un debate profundo. "Parecía que el objetivo era la aprobación inmediata, saltándose trámites esenciales para una adecuada aprobación de esta ley, como desestimar que pasara por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, trámite obligatorio, según la Ley Orgánica del Congreso Nacional, cuando un proyecto de ley contempla gastos en su aplicación", sostiene Alcayaga en el citado libro. Y agrega: "Existiendo un acuerdo en la Comisión de Relaciones Exteriores y de Minería de votarlo fundadamente, finalmente se aprobó de modo económico en apenas… ¡cinco minutos! (…)


Para evitar su estudio por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el Ejecutivo argumentó que la instrumentación del Tratado no implicaba gastos, lo que no era verdad y constituye uno de los defectos más relevantes de la ley aprobatoria del Tratado". El 8 de agosto de 2000 los diputados aprobaron este acuerdo. Sólo dos parlamentarios, de los 120 que componen la cámara baja, votaron en contra: Jaime Mulet y María Rozas.El Senado, para el análisis del Tratado, dispuso de una Comisión Unida de Minería y Relaciones Exteriores, que fue presidida en forma conjunta por los senadores Sergio Romero y Lavandero.


Al calor de la discusión, la mayor parte de los senadores tomó conciencia de que el Tratado Minero afectaría los intereses económicos nacionales, por el aumento de la oferta de cobre que supondría y la consiguiente baja de precio que esto ocasionaría.Se hacía evidente que las únicas beneficiadas serían las grandes mineras a las que no les importa que el precio del cobre sea bajo porque, aunque productoras de este mineral, son también consumidoras del mismo, como sucede con la Mitsubishi, Billiton y Xstrata. Estos conglomerados no sólo extraen el cobre, sino que también lo funden, refinan y elaboran. En un reportaje firmado por Magdalena Ossandón, titulado Tratado minero abre el Pacífico a minería argentina, mismo que apareció en el diario El Mercurio el 1 de noviembre de 1998, se afirmaba: "la mina argentina Pachón, sin salida por Chile, vale 25 millones de dólares.


Ese fue el precio que pagaron los canadienses que la compraron a los argentinos. Con salida por el Pacífico sube a 600 millones de dólares. Si tanto vale el pase, ¿no convendrá a Chile cobrar la cuenta justa?".Si los grandes beneficiados serían las transnacionales, los perjudicados serían, entre otros, los 80 mil pequeños mineros que hay en Chile, para los que los bajos precios resultan insostenibles. Con la mediana minería ocurre algo similar.Los argumentos a favor de la conveniencia del Tratado para Chile que se daban en el Parlamento chileno eran muy débiles y se relacionaban con la eventual gestación de nuevos empleos –en la construcción y operación de las minas– y el supuesto dinamismo que adquiriría la economía chilena (en transportes, insumos y servicios) gracias a los nuevos emprendimientos mineros.


En el Parlamento, la mayor promotora del Tratado fue la canciller Soledad Alvear. Según contó a este corresponsal el senador Lavandero, ella recorrió las oficinas de los senadores intentando conseguir su apoyo a la iniciativa.En el Informe de la Comisión Unida de la Cámara de Diputados, boletín 2408-10, del 6 de octubre 1999, el abogado de SONAMI, Cristián Letelier Aguilar, afirma que "este Tratado presenta características de tal peculiaridad que constituye la única obra de Derecho Internacional Público, que contiene normas de aplicación enteramente de interés empresarial y privado".Un informe de Joaquín Vial, director del Presupuesto del gobierno de Frei, sostenía que el acuerdo minero derivaría en pérdidas para Chile de varios cientos de millones de dólares como resultado de la previsible sobreproducción.


Los gobiernos de Chile se guardaron éste y otros informes, como el del constitucionalista Jorge Ovalle, que mostraban los perjuicios, debilidades e inconstitucionalidades que suponía la aprobación del Tratado Minero.


El Fallo


El 29 de agosto del 2000 –pocas horas antes de que el Senado aprobara el Tratado que suponía la privatización de la Cordillera en beneficio de las transnacionales–, 13 senadores chilenos presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional. En dictamen de respuesta, fechado el 3 de octubre de aquel año, el Tribunal Constitucional no declaró inconstitucional el Tratado (TC), pero en sus considerandos limitó fuertemente su alcance."El dictamen establecía que los tribunales chilenos quedaban impedidos de otorgar servidumbres mineras a yacimientos argentinos y, tal vez más relevante que eso, la Comisión Administradora del Tratado ya no tendría facultades jurisdiccionales, quitándole el carácter de 'país virtual' al área de operaciones del Tratado.


Es decir, a pesar de que se rechazaba la inconstitucionalidad en la forma y en el fondo, habíamos logrado gran parte de nuestros objetivos", señala Alcayaga.La prohibición a los tribunales chilenos de otorgar servidumbres era particularmente grave para las grandes mineras: Si un mineral ubicado en Argentina, como es El Pachón, quiere obtener servidumbres de paso para construir un mineroducto al mar, deberá tratar directamente con los propietarios de los terrenos afectados. Estos podrán cobrar lo que quieran por permitir la servidumbre. Si alguien se opone, no habrá paso de los minerales.Esta sola disposición ha implicado que ninguno de los cerca de diez megaproyectos mineros que se pretendían explotar en la cordillera Argentina, a partir del 2000, haya comenzado a operar.


Y la construcción de El Pachón estaba contemplada para el segundo semestre de 1998.Sólo esta mina produciría, en sus inicios, 180 mil toneladas anuales de cobre, lo que constituye el 1% de la producción mundial de este mineral. El requerimiento y posterior fallo del TC arruinó sus planes.El dictamen del Tribunal Constitucional confirmó que el Tratado contiene materias propias de una ley orgánica constitucional y debía ser tramitado y votado con el quórum de ese tipo de normativas. "Pero dio por saneado el procedimiento, al afirmar que gracias al elevado quórum con que se aprobó el Tratado en el Congreso Nacional (sólo dos votos en contra en la Cámara de Diputados y siete en el Senado), se depuraba el vicio de procedimiento de no haber sido tramitado desde sus inicios como ley orgánica constitucional".


De acuerdo con Alcayaga, la discusión del Tratado tuvo efectos favorables e impensados para Chile. Señala que después de que los presidentes de Chile y Argentina firmaron el Tratado Minero (1997), la inversión minera en Chile descendió drásticamente. Esto se debió a que los inversionistas mineros estimaron que era mucho mejor trasladar las inversiones a Argentina, donde existen enormes yacimientos que luego del Tratado podrían comenzar a ser explotados por Chile.Además, bajo el mandato de Menem (1989-1999) se estableció un marco jurídico en extremo favorable para las transnacionales mineras.


"Ese veranito de San Juan de tres años de caída de la inversión minera en Chile (entre 1998 y 2000) y la no materialización de la inversión proyectada en Argentina, fue a la postre fundamental para que disminuyera la producción chilena de cobre y comenzara a disminuir la sobreproducción mundial de este mineral, generada por la abultada inversión minera en Chile. Pero ello no hubiera tenido ningún efecto si el Tribunal Constitucional chileno no hubiera impedido definitivamente que se materializaran las cuantiosas inversiones programadas en la minería del cobre en Argentina", sostiene Alcayaga.Fruto de esta menor inversión de tres años y del estancamiento posterior en el aumento de la oferta, el precio actual del cobre –2,2 dólares la libra– es casi cuatro veces mayor que el de hace diez años.


Chile --primer productor mundial de cobre-- aumentó vertiginosamente su producción de este mineral a partir de la llegada de los gobiernos democráticos. Así, de 1,6 millones de toneladas que se producían en 1989, pasó a 4,6 millones en el 2000. Sin embargo, este aumento no implicó mayores ganancias, todo lo contrario.Con esta sobreproducción, el mineral chileno saturó los mercados presionando su precio a la baja y su valor disminuyó a la mitad en los noventa.


En 1999, con una producción tres veces mayor a la de una década antes, Chile recibía ocho veces menos ingresos netos.Hay un aspecto del Tratado Minero que no fue tocado por el fallo del TC: es el que permite a extranjeros explotar minas fronterizas. Por eso, Pascua Lama es aún posible. De todas maneras, Barrick no la tiene fácil.Alcayaga lo explica en su libro: "Después de que el dictamen del Tribunal Constitucional declarase que la Comisión Administradora no tenía potestades de autotutela ni jurisdiccionales, está impedida de administrar fondos privados para financiar al Estado. "Ante esta inesperada consecuencia del dictamen, el gobierno (de Lagos) tardó más de dos años para encontrar una solución 'legal' a la forma cómo los inversionistas (Barrick) podrían financiar los gastos del Estado chileno en los negocios mineros transfronterizos. Esta solución fue la publicación, recién el 9 de febrero de 2003, del Decreto Supremo Nº 116 del Ministerio de Minería".


Mediante esta disposición, se permite que Barrick y otras transnacionales mineras que se acojan al Tratado, paguen directamente a las instituciones involucradas en fiscalizarlas. Esto es Carabineros, el SAG y Aduanas, entre otras. Según Alcayaga, esto infringe el N° 20 del artículo 19 de la Carta Fundamental, que establece: "Los tributos que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la nación y no podrán estar afectos a un destino determinado".


Al margen de esta inconstitucionalidad, el autor de País virtual expresa que sería "impresentable" que en Chile los fiscalizados pudieran comenzar a pagar los gastos de sus fiscalizadores.El Comando de Defensa del Valle del Huasco y otras organizaciones presentaron una Acción Constitucional de Nulidad de Derecho Público del Decreto Supremo 116, que tiene el rol Nº 4670-2008 en el 9º Juzgado Civil de Santiago. Esta se encuentra en la etapa de prueba. Si prosperara, sería el fin de Pascua Lama.


El alcance jurídico del dictamen del Tribunal Constitucional chileno será diferente en un país y en otro, como si existieran dos tratados en uno. Ello se debe a que como en Argentina no se cuestionó la constitucionalidad de este Tratado, la Comisión Administradora cuenta allí con todas las atribuciones que le entrega el Tratado Minero.Sin embargo, en virtud del Dictamen del Tribunal Constitucional chileno, las más importantes de esas atribuciones no tienen aplicación en Chile.

martes, 17 de noviembre de 2009

LO QUE NO HACEN LOS GOBIERNOS, LO HACE EL PUEBLO

TAPAN HOYOS DE LA FERIA DE LA FERIA DE AVENIDA ARGENTINA











Si los gobiernos no lo hacen, lo hace el pueblo
TAPAN HOYOS DE LA FERIA DE AVENIDA ARGENTINA


Fresia Fisher, Presidenta del Sindicato Nuevo Amanecer de la Feria de avenida Argentina y Francisco Marín, candidato independiente a diputado por Valparaíso, se organizaron y decidieron ellos mismos tapar los hoyos que hay en el bandejón central de dicha arteria.

Según señalaron, en los distintos “eventos”, como alguna autoridad desafortunadamente calificó los groseros hoyos que hay en muchas calles y veredas del país, han ocurrido varios accidentes que han afectado principalmente a niños y adultos mayores, por lo que se asociaron y quisieron dar una solución concreta.

Finalmente, Francisco Marin, candidato independiente a diputado por Valparaíso, agradeció el apoyo de Fresia Fisher, dirigenta de la feria y señaló que si no es por motivación de ella, esto no hubiera resultado, ya que ella puso la arena y yo el cemento.

Esta acción demuestra que la comunidad organizada en acciones concretas puede dar tremendos resultados en pos de conseguir un objetivo de bien común.

Estuvieron presentes apoyando la activamente, Los Escobineros de La Mapu, y Bruno Bernal Díaz, el corredor inmortal.

Valparaíso, 17 de noviembre de 2009

miércoles, 4 de noviembre de 2009

LOS MUNICIPALES ESTÁN CON PANCHO MARÍN


MARÍN Y GUZMÁN ENCABEZAN MARCHA DE EMPLEADOS FISCALES







Francisco Marin y Juan Guzmán, encabezaron la marcha de los empleados fiscales y municipales que se desarrolló el martes 3 de noviembre por las calles de Valparaíso.

Marín y Guzmnán son claramente los candidatos al Parlamento que representarán a los más necesitados, a los que luchan por un mundo mejor y una sociedad más justa para todos.

martes, 3 de noviembre de 2009

MUJERES EMANCIPADAS CON MARÍN


Una entretenida reunión once sostuvo Francisco Marín, candidato independiente a diputado por Valparaíso, con el Movimiento de Emancipación de la Mujer Chilena, MENCH, agrupación que nació en el año 1983 para luchar por las demandas de la mujer y en especial por la reivindicaión de la mujer porteña. Hoy este movimiento es presidido por Ana Mora en la foto, la que nos contó que hace varios años que no había un hombre presente en una asamblea oficial del MENCH en su oficina de calle Indepedencia.